Guerras de precios, falta de inspección, desconocimiento. El certificado de eficiencia energética se está implantando en España de forma desordenada y sin que los consumidores sepan realmente de qué se trata.
Este certificado es obligatorio desde junio 2013 para los propietarios que quieran vender o alquilar sus construcciones. Es un informe sobre el consumo de energía que debe evaluar un técnico superior, normalmente, un arquitecto o un ingeniero, y en el que se califica la eficiencia con letras que van de la A a la G, igual que se evalúa a los electrodomésticos. Las sanciones por incumplimientos de la normativa van de los 300 a los 600 euros.
La cara de quienes quieren alquilar o vender una vivienda es un poema cuando alguien les habla del documento. “¿Certificado de qué?”, preguntan. Se trata de una imposición de la Unión Europea para intentar que las casas consuman cada vez menos electricidad y así reducir las emisiones de CO2.
El desorden llega de muchos frentes. Las comunidades autónomas, encargadas de crear los registros de estos certificados y de vigilar que las calificaciones sean correctas, llevan ritmos muy diferentes. Se está haciendo de forma presencial y están teniendo bastantes problemas, indican los técnicos.
Hay abierta una guerra de precios que van desde los 35 a los 200 euros. Los colegios de arquitectos e ingenieros advierten de que si no se empieza a denunciar los certificados que están mal hechos su sentido se desvirtuará, el certificado no es solo una letra, también son los consejos que incluye el técnico para conseguir un ahorro energético.
El certificado lo tiene que firmar un técnico superior que debería visitar la vivienda para evaluar la calidad de los cerramientos, el consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes. El problema es que muchos certificados, aún respaldados por un profesional habilitado, se están haciendo sin ese trabajo de campo, seleccionando las opciones que vienen por defecto en los programas informáticos. Se encuentran online, sin visita o con información telefónica. Algunos llegan a ofrecer la máxima calificación permitida: la A.
Es bastante complicado que en España se llegue a una A o a una B, por la forma en la que se ha construido. El año de construcción tiene una gran influencia sobre la calificación. Antes de 1980 no había normativa de eficiencia energética de los edificios. Hasta 2007, únicamente se hacía hincapié en el aislamiento olvidando factores como la orientación y la protección solar. Conseguir que una vivienda obtenga una A es posible, pero en casos muy contados. En Cataluña, por ejemplo, el 0,1% de las 65.000 etiquetas de calificación que se han emitido han recibido una A. Hasta ahora, la mitad de las construcciones que ha tramitado el certificado ha recibido una E.
Por temor a fraudes el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid ha pedido a la comunidad madrileña que revise todas las viviendas que tengan calificación A o B. La Comunidad de Madrid confirma que tienen varios expedientes abiertos porque los datos que recogía el certificado no se correspondían con la realidad. En Cataluña están trabajando en un decreto propio para solucionar algunas contradicciones de la normativa estatal, como que no se especifique que se ha de hacer una visita para estudiar la vivienda.