La sabiduría popular dice que “lo barato sale caro” y, una vez más, no le falta razón. Algunos propietarios de viviendas en alquiler o a la venta en la comunidad de Madrid se pueden enfrentar a una importante multa por no querer realizar el certificado energético, que puede ir de los 1.200 a los 6.000 euros.
Desde el pasado 1 de junio de 2013 cualquier propietario que quiera vender o alquilar su casa necesita el certificado energético de vivienda y, con un parque de 3,8 millones de viviendas susceptibles de tener que realizarlos, la oportunidad ganar dinero fácil con la nueva normativa ha provocado que la picaresca se dispare entre las empresas dedicadas a la inspección.
Algunas de estas compañías ofertan a través de las páginas web de descuentos certificaciones ‘de oído’ con ahorros de entre el 50% y el 90%. la peculiaridad de estas inspecciones –y el secreto de su bajísimo precio– es que el técnico no se desplaza a la vivienda a evaluar sino que lo hace con los datos que le facilita el cliente a través del teléfono o el correo electrónico.
Sin embargo, según una notificación enviada por la consejería de economía y hacienda de la comunidad de madrid a la que ha tenido acceso este medio, estas certificaciones ‘vía telemática’ no son válidas y constituyen “una infracción en materia de consumo”, por lo que el gobierno regional ha iniciado una campaña de lucha contra el fraude.
Las autoridades madrileñas defienden que estas inspecciones ‘de oído’ infringen la exigencia impuesta por el artículo 5.5 del real decreto 235/2013, que regula la expedición de estos documentos y que exige que “durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo”.
De hecho, la comunidad advierte que la publicación de anuncios de viviendas en venta o alquiler en los que pruebe que la certificación energética no se ha realizado conforme a las especificaciones legales podría ser susceptible de sanción, de entre 1.200 y 6.000 euros,tanto para el propietario de la vivienda, como para la empresa que realiza la ‘inspección’ y para el portal o página web que difunda el anuncio.
Fuente: idealista