Diversas entidades relacionadas con la certificación energética de viviendas reclaman al Gobierno la aprobación del decreto que obligará a que las casas tengan una etiqueta energética, por su potencial para activar la rehabilitación y aumentar el ahorro de energía.
El sector no se explica por qué el real decreto que debería obligar a tener un certificado energético al vender o alquilar una vivienda sigue en los cajones del Ministerio de Industria a pesar de que se ha superado el plazo fijado por Bruselas para su aprobación.
La certificación debería reactivar el sector de la rehabilitación de edificios
El proyecto de real decreto del Ministerio de Industria, que salió a consulta pública en julio del año pasado, fijaba el 1 de enero de 2013 como fecha límite para que todas las viviendas objeto de compraventa o alquiler contaran con un certificado energético.
El certificado, que ya se usa en las casas de nueva construcción, lo pagará el propietario del inmueble que quiera vender o alquilar, y tendrá una validez de diez años.
Según Asece, más de 15.000 propietarios han solicitado a la asociación presupuesto para la contratación de la etiqueta energética de sus viviendas, pero no pueden empezar hasta que el Gobierno apruebe la normativa.
Es una etiqueta similar a la que se utiliza en los electrodomésticos, con un código de color y una letra que va de la «A» (la más eficiente) a la «G» (la menos eficiente) en función de las emisiones de carbono por metros cuadrados de vivienda.
Fuentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) aseguran que la normativa «pasará los trámites oficiales de aprobación previsiblemente en las próximas fechas».
Nadie se explica el retraso
Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que ha recibido una subvención de la Fundación Biodiversidad para desarrollar un programa de sensibilización de actores clave -como administradores de fincas- sobre la certificación energética de viviendas, no se explican el retraso.
Según su responsable, Jose Luis López, la etiqueta «provocará que los propietarios emprendan acciones de rehabilitación, es una palanca para impulsar la rehabilitación energética del parque existente y generar empleo».